¿Estamos ante el fin del neoliberalismo o ante su metamorfosis? La pregunta recorre hoy el debate público en un contexto de policrisis: emergencia climática, reconfiguración geopolítica, guerras comerciales y militares, crisis de reproducción social, endeudamiento estructural y creciente desigualdad. A ello se suma un desplazamiento político inquietante: el ascenso de fuerzas reaccionarias, el endurecimiento de los dispositivos de control estatal y la creciente normalización de discursos autoritarios. A primera vista, podría parecer que el neoliberalismo –identificado durante décadas con la desregulación, la globalización y el individualismo competitivo– estaría siendo sustituido por algo distinto: nacionalismo económico, proteccionismo selectivo, conservadurismo moral o incluso formas abiertas de autoritarismo.
Sin embargo, esta lectura resulta engañosa. Más que un colapso del neoliberalismo, asistimos a su reconfiguración. El neoliberalismo no fue nunca simplemente una doctrina económica basada en la reducción del Estado, ni una ideología coherente y cerrada. Ha sido, sobre todo, una racionalidad política que ha estructurado durante décadas la acción gubernamental, la organización de los mercados y la producción de subjetividades. Su núcleo no reside únicamente en la liberalización económica, sino en la reorganización del Estado y de la sociedad en torno a la competencia, la disciplinarización del trabajo y la subordinación de lo social a las exigencias de la acumulación de capital.
Desde esta perspectiva, el llamado “giro autoritario” no representa una ruptura, sino una intensificación de tendencias ya presentes. Tras la crisis financiera de 2008, lejos de revertirse el proyecto neoliberal, se profundizó mediante rescates financieros, reformas laborales, políticas de austeridad y constitucionalización de la disciplina fiscal. En muchos países, incluido el estado español, la gestión de la crisis implicó una despolitización acelerada de las decisiones económicas fundamentales y una limitación efectiva de la capacidad democrática para disputar el rumbo económico. El resultado fue un Estado reorientado: más fuerte para garantizar la estabilidad financiera, más flexible para proteger determinadas fracciones del capital y más duro en el disciplinamiento del trabajo y de los sectores sociales precarizados.
Lo que sí se ha erosionado en este proceso es el consenso social que durante años sostuvo la legitimidad neoliberal. La promesa meritocrática –según la cual el esfuerzo individual permitiría movilidad social ascendente– ha perdido credibilidad en amplias capas de la población. El empleo estable ha sido sustituido por trayectorias laborales fragmentadas; la vivienda se ha convertido en activo financiero; el endeudamiento ha reemplazado a la protección social; los servicios públicos han sido tensionados hasta el límite. Cuando la promesa de progreso deja de ser verosímil, la gobernabilidad ya no puede descansar exclusivamente en el consentimiento competitivo. Es en este punto donde adquiere centralidad lo que aquí denomino el giro moral del neoliberalismo.
Este giro no debe interpretarse como un simple retorno a valores tradicionales ni como una reacción cultural espontánea. Se trata de una operación política que rearticula el proyecto neoliberal sobre nuevas bases de legitimación. Si durante décadas el discurso dominante interpelaba a la ciudadanía como emprendedora de sí misma –responsable de su éxito o de su fracaso–, en la fase actual asistimos a una moralización más explícita del orden social. La precariedad deja de explicarse únicamente como déficit de empleabilidad para inscribirse en narrativas de mérito, disciplina y responsabilidad; la pobreza se asocia a comportamientos desviados; las políticas de igualdad se presentan como privilegios indebidos; las migraciones se construyen como amenaza moral y económica; el conflicto distributivo se desplaza hacia conflictos identitarios cuidadosamente alimentados.
En este contexto, la apelación al orden, a la nación, a la familia o a la seguridad no sustituye al neoliberalismo: lo blinda. La construcción de enemigos internos o externos –migrantes, feministas, sindicalistas, personas trans– opera como mecanismo de desplazamiento del conflicto social. El malestar generado por décadas de precarización se redirige hacia sujetos vulnerabilizados en lugar de hacia las estructuras que producen dicha precariedad. El resultado es una convergencia entre políticas económicas que profundizan la mercantilización y discursos morales que legitiman jerarquías sociales más rígidas.
Este proceso implica también una nueva reorganización del Estado. Lejos del mito del “Estado mínimo”, la fase actual se caracteriza por la expansión de dispositivos punitivos, el refuerzo de la capacidad ejecutiva, la securitización de la política migratoria y el uso estratégico del derecho para contener la protesta social. El Estado no se retira: selecciona. Protege espacios y circuitos de acumulación, mientras endurece las condiciones de vida de quienes quedan fuera de ellos. La moralización del orden social actúa así como complemento indispensable del disciplinamiento económico.
Para el sindicalismo de clase, este desplazamiento plantea desafíos fundamentales. El conflicto ya no se articula únicamente en torno a salarios y condiciones laborales, sino también en torno al sentido común, que define quién merece protección, quién es considerado productivo y quién es construido como carga. Si el neoliberalismo muta para sobrevivir, incorporando una dimensión moral y autoritaria más explícita, la respuesta no puede limitarse a la negociación económica. Requiere disputar la narrativa que convierte la desigualdad en resultado de fallos individuales y la precariedad en consecuencia inevitable del cambio global.
Este artículo parte, por tanto, de una premisa clara: no estamos ante el fin del neoliberalismo, sino ante su metamorfosis autoritaria y moralizadora. Comprender esta transformación es condición necesaria para reconstruir horizontes de acción colectiva capaces de enfrentar no solo los efectos económicos del modelo, sino también las formas de legitimación que hoy lo sostienen. En las páginas que siguen se analizará, en primer lugar, cómo la dimensión disciplinaria ha sido constitutiva del neoliberalismo desde sus primeras formulaciones; en segundo lugar, cómo la crisis de legitimidad ha dado lugar a una rearticulación conservadora del proyecto; y finalmente, qué implicaciones tiene este giro para la acción sindical y para la reconstrucción de alternativas democráticas en un tiempo de profunda incertidumbre.
- Neoliberalismo autoritario: intensificación disciplinaria
y crisis de hegemonía
Para comprender el giro moral actual es necesario partir de una premisa incómoda: el neoliberalismo nunca fue simplemente un proyecto de liberalización económica. Desde sus primeras implantaciones, implicó una reorganización activa del Estado orientada a disciplinar el trabajo, reconfigurar las relaciones de fuerza entre capital y trabajo y garantizar nuevas condiciones de acumulación. La desregulación del mercado laboral, las privatizaciones, la financiarización y la subordinación de la política fiscal a criterios de estabilidad no fueron procesos “naturales” del mercado, sino decisiones políticas sostenidas por marcos institucionales fuertes y, en muchos casos, por dispositivos de coerción explícita o implícita.
En el caso español, la transición democrática coincidió con una profunda reestructuración del capitalismo global. La institucionalización del sindicalismo mayoritario, las sucesivas reformas laborales y la integración europea operaron simultáneamente como mecanismos de modernización económica y como tecnologías de desmovilización social. El poder estructural del trabajo se transformó en presencia institucional, mientras la fragmentación contractual y la temporalidad erosionaban el poder asociativo. El resultado no fue un simple proceso de liberalización, sino la consolidación de un neoliberalismo con rasgos marcadamente autoritarios en su relación con el mundo del trabajo: proliferación de contratos temporales, reducción de costes de despido, segmentación del mercado laboral y utilización estratégica de políticas sociales para pacificar sectores específicos mientras otros quedaban expuestos a la precarización.
Durante los años noventa y dos mil, el crecimiento basado en la financiarización y en el modelo inmobiliario permitió sostener una apariencia de estabilidad. La expansión del crédito, la mercantilización de la vivienda y la internacionalización de grandes empresas españolas actuaron como mecanismos de absorción de tensiones sociales. Sin embargo, esa estabilidad descansaba sobre bases frágiles: endeudamiento privado masivo, especialización productiva vulnerable y debilitamiento progresivo de la protección social. Cuando estalló la crisis financiera de 2008, el proyecto neoliberal mostró su verdadera arquitectura: rescates bancarios, reformas laborales regresivas y constitucionalización de la disciplina fiscal.
Lejos de suponer un paréntesis, la gestión de la crisis representó una profundización del neoliberalismo en clave autoritaria. En España, la reforma del artículo 135 de la Constitución en 2011 simbolizó esa mutación: la prioridad absoluta del pago de la deuda sobre cualquier otra consideración social. La política económica quedó blindada frente al debate democrático. Se institucionalizó la idea de que no había alternativa, que las decisiones fundamentales debían sustraerse a la deliberación colectiva. La austeridad se presentó como necesidad técnica y no como opción ideológica.
Sin embargo, ese momento marcó también un punto de inflexión. En 2011, amplios sectores sociales irrumpieron en el espacio público cuestionando no solo las políticas de ajuste, sino el propio marco de representación política. Las plazas se llenaron de una consigna que condensaba una ruptura simbólica profunda: “no nos representan”. Aquella explosión social –en el estado español y en otros lugares– no fue únicamente una reacción contra la austeridad, sino una reapropiación de la imaginación política. Durante un breve periodo, amplios sectores se atrevieron a formular demandas que desbordaban la gestión tecnocrática de la crisis. Se puso en cuestión la subordinación de la democracia a los mercados financieros, se problematizó la deuda como mecanismo de disciplinamiento y se reclamó una reorientación radical de las prioridades económicas.
Ese momento constituyó el mayor desafío al neoliberalismo desde su consolidación hegemónica en los años ochenta. No porque lograra revertir estructuralmente el modelo, sino porque fracturó su legitimidad. La narrativa meritocrática y la promesa de movilidad social quedaron definitivamente erosionadas. La crisis dejó de percibirse como accidente y empezó a entenderse como consecuencia estructural de un modelo de acumulación. En ese sentido, el neoliberalismo como proyecto de estabilización hegemónica fracasó: ya no podía presentarse como horizonte incuestionable de progreso.
Pero el fracaso de la hegemonía no implicó el abandono del proyecto. Implicó su reconfiguración. Incapaz de reconstruir un consenso amplio basado en la promesa de prosperidad compartida, el neoliberalismo transitó hacia una forma más explícitamente disciplinaria. Allí donde el consentimiento competitivo se debilitaba, emergían dispositivos de control más visibles. La gestión tecnocrática se combinó progresivamente con apelaciones al orden, la seguridad y la autoridad. La frustración social generada por la precarización estructural encontró cauces políticos que desplazaban el conflicto desde la redistribución hacia la identidad.
En este sentido, la fase posterior a 2011 no puede interpretarse como simple agotamiento del neoliberalismo, sino como transición hacia su metamorfosis autoritaria y moralizadora. El proyecto original –basado en la promesa de competencia y movilidad– mostró sus límites cuando amplios sectores comprendieron que el ascenso social era una excepción y no la regla. Cuando nos atrevimos a imaginar alternativas, el marco se endureció. No para desaparecer, sino para blindarse.
Este desplazamiento constituye el punto de partida del giro moral que analizaremos a continuación. Si la disciplina económica ya no basta para garantizar estabilidad, la moralización del orden social se convierte en recurso central. No se trata de una desviación cultural, sino de una estrategia de recomposición del poder en un contexto de crisis de hegemonía. El neoliberalismo no ha terminado; ha mutado para sobrevivir.
- De la disciplina económica
a la moralización de la precariedad
El neoliberalismo siempre operó a través de la disciplina económica. Reformas laborales, privatizaciones, contención salarial, flexibilización contractual y mercantilización de derechos no fueron meros ajustes técnicos, sino mecanismos orientados a reconfigurar las relaciones de fuerza entre capital y trabajo. La precariedad no fue un efecto colateral, sino un instrumento de gobierno. La inseguridad laboral, el endeudamiento y la competencia individualizada funcionaron como tecnologías de subordinación social.
Durante décadas, este disciplinamiento pudo legitimarse mediante una narrativa meritocrática relativamente eficaz. El mensaje era claro: en un mercado abierto y competitivo, el esfuerzo individual sería recompensado. La responsabilidad del éxito o del fracaso recaía sobre cada persona. El desempleo se interpretaba como déficit de empleabilidad; la pobreza como carencia de habilidades; la desigualdad como consecuencia inevitable de diferencias de productividad. La precariedad, en este marco, no era injusticia estructural sino fase transitoria.
La crisis de 2008 fracturó esa narrativa. La caída del sistema financiero, los rescates bancarios y la transferencia masiva de recursos públicos hacia el sector privado hicieron visible que la responsabilidad no estaba distribuida individualmente. Millones de personas que habían cumplido con las reglas –trabajar, endeudarse para acceder a la vivienda, confiar en el crecimiento– quedaron expuestas a desahucios, desempleo y pérdida de derechos. El mensaje meritocrático dejó de sostenerse frente a la evidencia de una arquitectura económica diseñada para socializar pérdidas y privatizar beneficios.
En ese contexto, el disciplinamiento puramente económico comenzó a mostrar límites como mecanismo de estabilización. Cuando la promesa de movilidad pierde credibilidad, la culpabilización individual ya no resulta suficiente. Es aquí donde emerge con mayor claridad el giro moral. No como sustitución del neoliberalismo, sino como su adaptación estratégica.
La precariedad empieza entonces a explicarse no solo como resultado de insuficiente competencia, sino como consecuencia de desviaciones morales. La pobreza deja de asociarse exclusivamente a la falta de empleo y pasa a vincularse con estilos de vida considerados improductivos o dependientes. Las políticas sociales se redefinen bajo el prisma de la condicionalidad y el control: ayudas sujetas a cumplimiento estricto de requisitos, vigilancia sobre perceptores, retórica contra el “abuso” del sistema. La ciudadanía ya no es interpelada solo como emprendedora de sí misma, sino como sujeto que debe demostrar disciplina, obediencia y adecuación a normas de comportamiento.
Este desplazamiento tiene una dimensión de género particularmente relevante. El neoliberalismo descansó históricamente en la invisibilización del trabajo reproductivo y en la transferencia de costes sociales hacia el ámbito doméstico. En la fase actual, la apelación a la familia como núcleo de protección refuerza esa lógica. La responsabilidad de absorber los impactos de la precariedad –cuidados, desempleo juvenil, envejecimiento– recae de manera desproporcionada sobre las mujeres. El ideal de autosuficiencia se combina con una moralización de la maternidad, del cuidado y de la “buena conducta” familiar, reforzando jerarquías tradicionales bajo un discurso de orden.
Al mismo tiempo, la juventud precarizada se convierte en objeto ambivalente: por un lado, símbolo de flexibilidad y adaptación; por otro, sospechosa de falta de esfuerzo. El trabajador o trabajadora temporal, el falso autónomo, la persona migrante empleada en sectores esenciales, pero mal remunerados, pasan a habitar un espacio ambiguo donde su vulnerabilidad se naturaliza. La inseguridad estructural se redefine como rasgo generacional o como déficit cultural.
La moralización también opera sobre la deuda. El endeudamiento privado –especialmente en el acceso a la vivienda– fue promovido durante años como vía legítima de integración social. Tras la crisis, quienes no pudieron hacer frente a sus obligaciones fueron frecuentemente representados como irresponsables. La deuda, que funcionó como mecanismo de expansión económica, se convirtió en marcador moral. El incumplimiento dejó de interpretarse como síntoma de un modelo financiero desregulado y pasó a presentarse como fallo individual.
Este proceso de moralización cumple una función política central: desplaza el conflicto. Si la precariedad es consecuencia de comportamientos inadecuados, la estructura económica queda fuera de la discusión. Si la pobreza se explica por falta de disciplina, no es necesario cuestionar la distribución de la riqueza. Si el acceso a derechos se presenta como privilegio indebido, la retracción del Estado social puede justificarse en nombre de la equidad.
La transición desde la disciplina económica hacia la moralización del orden no elimina la primera; la refuerza. La flexibilidad laboral continúa, la financiarización persiste, la desigualdad se amplía. Pero ahora esas dinámicas se sostienen mediante un relato que apela a valores de autoridad, seguridad y jerarquía. El trabajador precario no es solo competitivo; debe ser obediente. El beneficiario de una prestación no es solo receptor de ayuda; debe ser vigilado. El migrante no es solo mano de obra; es potencial amenaza.
Este giro se hace especialmente visible cuando la frustración social acumulada tras 2011 encuentra cauces políticos que articulan el malestar en clave identitaria. El conflicto distributivo –entre capital y trabajo– se reconfigura como conflicto cultural. La indignación frente a la precarización puede redirigirse hacia quienes son construidos como competidores desleales por recursos escasos: migrantes, minorías, mujeres que cuestionan roles tradicionales, personas trans que cuestionan la construcción del género. El neoliberalismo no desaparece en este proceso; se rearticula mediante una convergencia entre disciplina económica y conservadurismo moral.
Lo que está en juego no es solo un cambio discursivo, sino una recomposición del bloque de poder. Ante la imposibilidad de reconstruir consenso en torno a la promesa de prosperidad compartida, el orden social se legitima mediante apelaciones a la autoridad y a la protección frente a amenazas externas o internas. La precariedad deja de ser problema estructural y se convierte en terreno de evaluación moral.
Comprender esta transición es crucial para evitar diagnósticos simplistas que opongan neoliberalismo y autoritarismo como si fueran proyectos incompatibles. El giro moral no sustituye la lógica neoliberal; la acompaña y la blinda. Allí donde la disciplina económica generó fisuras, la moralización interviene para cerrar filas y redefinir las líneas del conflicto. Esta moralización se articula con una reorganización más amplia del Estado y con la construcción de enemigos políticos que permiten consolidar una forma de neoliberalismo explícitamente autoritaria.
- El giro moral como blindaje: convergencia reaccionaria
y reorganización del Estado
El desplazamiento desde la disciplina económica hacia la moralización del orden no opera en el vacío. Se inscribe en una reconfiguración más amplia del Estado y del campo político que puede describirse como una convergencia reaccionaria. Bajo esta dinámica, proyectos que en apariencia podrían resultar heterogéneos –neoliberalismo económico, nacionalismo conservador, fundamentalismos religiosos, securitización de fronteras– encuentran puntos de articulación funcional en torno a un objetivo común: estabilizar un modelo de acumulación en crisis mediante la reorganización autoritaria del poder.
Esta convergencia no supone la desaparición de la agenda neoliberal clásica. Las rebajas fiscales al capital, la desregulación ambiental y laboral, la expansión de espacios privatizados y la financiarización continúan siendo ejes centrales. Lo que cambia es el marco de legitimación. Allí donde el discurso meritocrático se agota, emerge la retórica del orden. Allí donde la competencia ya no promete movilidad, se ofrece protección frente a amenazas construidas. El Estado no se reduce; se redefine.
En este proceso, la construcción del “enemigo moral” adquiere centralidad. La figura del migrante como amenaza económica y cultural, del feminismo como desestabilizador del orden social, de las disidencias sexuales como símbolo de decadencia, o incluso del sindicalismo como obstáculo a la modernización, permite desplazar el eje del conflicto. El malestar generado por décadas de precarización y desigualdad se redirige hacia sujetos vulnerables, mientras las estructuras económicas que producen esa precariedad permanecen intactas.
La política migratoria ofrece un ejemplo paradigmático de este mecanismo. El endurecimiento de controles fronterizos, la expansión de dispositivos de vigilancia y detención, y la normalización de discursos securitarios no contradicen la lógica neoliberal; la complementan. Las fronteras funcionan simultáneamente como filtros laborales y como escenarios simbólicos donde se dramatiza la defensa del orden nacional. Mientras la circulación de capital y mercancías permanece ampliamente garantizada, la movilidad humana se convierte en terreno de disciplinamiento y espectáculo político.
Esta dinámica no es exclusiva de un país concreto. En distintos contextos, la securitización de la política migratoria ha coexistido con profundizaciones de la agenda neoliberal. La apelación a la soberanía nacional convive con la protección activa de circuitos globales de acumulación. El endurecimiento penal y el refuerzo del poder ejecutivo se presentan como respuestas necesarias frente a crisis múltiples, pero operan también como instrumentos para aislar la política económica de la disputa democrática.
La reorganización estatal en esta fase adopta varias formas complementarias. En primer lugar, se fortalece la capacidad ejecutiva frente a los mecanismos deliberativos. Las decisiones estratégicas –fiscales, financieras, regulatorias– tienden a concentrarse en ámbitos menos permeables al control parlamentario o social. En segundo lugar, se amplían los dispositivos punitivos y de vigilancia, tanto en el ámbito de la seguridad como en la gestión de prestaciones sociales. La condicionalidad, el control y la sospecha se normalizan. En tercer lugar, el derecho se utiliza estratégicamente para limitar la protesta y redefinir los márgenes de la acción colectiva.
El mito del “Estado mínimo” se revela entonces como ficción ideológica. El neoliberalismo no implica ausencia de Estado, sino Estado selectivo. Un Estado que protege activamente determinados intereses económicos mientras externaliza costes sociales y endurece las condiciones de vida de quienes quedan fuera de los espacios privilegiados de acumulación. La moralización del orden facilita esta selectividad: legitima el endurecimiento frente a quienes son representados como improductivos o peligrosos, mientras naturaliza los beneficios otorgados al capital como condición necesaria para el crecimiento.
La convergencia reaccionaria permite además recomponer alianzas sociales fragmentadas por la precarización. Sectores que han experimentado pérdida de estatus o inseguridad pueden encontrar reconocimiento simbólico en discursos que apelan a la identidad nacional, al orden tradicional o a la autoridad. Este reconocimiento no se traduce necesariamente en mejoras materiales, pero sí en una reubicación simbólica dentro de la jerarquía social. El conflicto distributivo se transforma así en conflicto cultural, y la desigualdad económica se oculta tras debates sobre valores.
No se trata de afirmar que el giro moral sea mera manipulación. La inseguridad material real generada por el modelo neoliberal crea condiciones propicias para este desplazamiento. Cuando el empleo es inestable, la vivienda inaccesible y el futuro incierto, la promesa de orden puede resultar más tangible que la de movilidad. La apelación a la seguridad –económica, cultural o física– actúa como pegamento político en sociedades atravesadas por la fragmentación. Sin embargo, esta recomposición no elimina las contradicciones estructurales. La convergencia entre neoliberalismo y conservadurismo moral es funcional, pero no necesariamente estable. La ampliación de desigualdades, la crisis ecológica y la sobreexplotación del trabajo continúan generando tensiones. El blindaje autoritario puede contener temporalmente la contestación, pero no resuelve las causas profundas del malestar.
Desde esta perspectiva, el giro moral debe entenderse como estrategia de supervivencia. No es la negación del neoliberalismo, sino su adaptación ante el fracaso de reconstruir hegemonía tras 2008 y, especialmente, tras la ruptura simbólica que supuso el período entre 2011 y 2020. Cuando amplios sectores sociales cuestionaron la subordinación de la democracia a los mercados, el proyecto respondió endureciendo sus mecanismos de protección. La moralización del orden social, la construcción de enemigos y la expansión de dispositivos punitivos forman parte de ese blindaje. El resultado es una forma de neoliberalismo más explícitamente autoritaria, en la que la gestión tecnocrática convive con apelaciones emocionales a la identidad y la seguridad. La política económica permanece orientada a la protección del capital, pero su legitimación se apoya crecientemente en la promesa de restaurar jerarquías y controlar amenazas.
Comprender esta convergencia es crucial para evitar interpretaciones que opongan “neoliberalismo globalista” y “reacción nacional” como si fueran proyectos incompatibles. En muchos casos, se trata de articulaciones complementarias. El orden moral no sustituye al mercado; lo protege. La autoridad no reemplaza la competencia; la asegura. Las implicaciones de esta metamorfosis para el sindicalismo de clase y para la reconstrucción de horizontes democráticos capaces de disputar no solo las políticas económicas, sino también el marco moral que hoy las sostiene, es quizás el mayor reto de nuestros tiempos.
- Sindicalismo en tiempo de metamorfosis:
disputar la economía y el sentido común
Si el neoliberalismo no ha terminado sino que ha mutado hacia formas más explícitamente autoritarias y moralizadoras, el desafío para el sindicalismo de clase es doble. No se trata únicamente de negociar salarios, condiciones laborales o marcos regulatorios –tareas centrales e irrenunciables–, sino de intervenir en el terreno donde hoy se está reconfigurando la legitimidad del orden social.
Durante décadas, el conflicto capital-trabajo pudo articularse principalmente en términos distributivos. La cuestión central era cómo se repartía la riqueza generada y bajo qué condiciones se organizaba el trabajo. Hoy ese conflicto persiste, pero aparece desplazado por una disputa más amplia sobre quién merece protección, quién es productivo y quién es considerado carga o amenaza. El giro moral del neoliberalismo redefine el campo de batalla.
En este nuevo escenario, la precariedad no es solo un problema económico; es objeto de evaluación moral. Las políticas sociales no se presentan como derechos colectivos, sino como concesiones condicionadas. La desigualdad no se explica por relaciones estructurales de poder, sino por comportamientos individuales. La moralización del orden convierte la cuestión social en cuestión de disciplina.
Para el sindicalismo, aceptar ese marco implica una trampa. Si la discusión se limita a mejorar la competitividad o a gestionar la empleabilidad, se corre el riesgo de reforzar la lógica que individualiza el riesgo y fragmenta la clase trabajadora. El desafío consiste en repolitizar aquello que ha sido moralizado. Repolitizar la precariedad significa afirmar que no es resultado de fallos individuales, sino de decisiones estructurales: reformas laborales que favorecen la temporalidad, modelos productivos basados en sectores de bajo valor añadido, financiarización que prioriza rentas sobre salarios. Repolitizar la vivienda implica señalar que su transformación en activo financiero no es inevitabilidad económica, sino elección política. Repolitizar la deuda significa cuestionar la subordinación de la política fiscal al pago prioritario de acreedores frente a la inversión social.
Pero la tarea no es solo económica. Si el neoliberalismo actual se blinda mediante apelaciones al orden, la seguridad y la identidad, el sindicalismo no puede limitarse a una defensa técnica de derechos laborales. Debe disputar también el sentido común que convierte a migrantes, mujeres organizadas o jóvenes precarizados en chivos expiatorios del malestar social. Esto requiere reconstruir una noción inclusiva de clase trabajadora que no se base únicamente en la relación salarial tradicional. La fragmentación del trabajo –plataformas digitales, falsos autónomos, economía de cuidados, empleo migrante– exige ampliar la mirada. La convergencia reaccionaria opera dividiendo: nacionales frente a extranjeros, trabajadores “productivos” frente a “dependientes”, hombres frente a mujeres, generaciones entre sí. Frente a esa fragmentación, la respuesta no puede ser defensiva o corporativa.
La dimensión de género resulta especialmente central. La moralización del orden social reubica a la familia como amortiguador de la precariedad, reforzando la carga sobre las mujeres. Sin integrar plenamente la lucha por la redistribución del trabajo de cuidados y por la igualdad efectiva, cualquier proyecto sindical corre el riesgo de reproducir la división sobre la que se sostiene el modelo. La disputa no es solo salarial; es también sobre cómo se organiza la reproducción social.
Al mismo tiempo, el sindicalismo debe enfrentarse a la expansión de dispositivos punitivos y securitarios que limitan la acción colectiva. La criminalización de la protesta, la restricción de derechos de manifestación o la judicialización del conflicto laboral forman parte de la reorganización autoritaria del Estado. Defender el derecho a la organización y a la movilización es defender la posibilidad misma de disputa democrática. Esto no implica desconocer las transformaciones globales ni idealizar un pasado fordista que ya no existe (y que quizás nunca existió mucho más allá de la melancolía de una parte de las izquierdas). Implica reconocer que el marco actual busca naturalizar la subordinación social mediante una combinación de precariedad económica y jerarquía moral. Si el neoliberalismo muta para sobrevivir, el sindicalismo debe mutar para disputar.
La experiencia del periodo 2011-2020 mostró que amplios sectores sociales estaban dispuestos a cuestionar el marco aparentemente inamovible de la austeridad y la despolitización. Aquella irrupción no logró revertir estructuralmente el modelo, pero dejó una huella: la certeza de que la política económica no es destino inevitable. En ese sentido, el proyecto neoliberal como hegemonía cerrada fracasó. No pudo reconstruir plenamente el consenso tras la crisis.
El giro moral es, en parte, respuesta a ese fracaso. Cuando el sueño meritocrático se agota, se ofrece orden. Cuando la movilidad no es creíble, se promete seguridad. Cuando la desigualdad genera indignación, se desplaza la responsabilidad hacia otros. El desafío para el sindicalismo consiste en no aceptar ese desplazamiento. Reforzar el debate sobre modelos productivos, democratización económica, transición ecológica justa y ampliación de derechos sociales no es solo cuestión programática; es cuestión estratégica. Significa disputar la idea de que no hay alternativa. Significa afirmar que la libertad no se reduce a la libertad de empresa, sino que incluye seguridad material, tiempo para vivir y capacidad colectiva de decisión.
La pregunta que abre este número –¿fin de ciclo o metamorfosis?– no admite una respuesta simple. El neoliberalismo como proyecto estabilizador ha mostrado límites evidentes. Pero su capacidad de adaptación no debe subestimarse. La moralización autoritaria es una de sus formas actuales de supervivencia. Comprender esa metamorfosis es condición necesaria para construir alternativas. No basta con resistir los efectos más visibles del modelo; es necesario desmontar la narrativa que lo legitima. Si el orden social se presenta hoy como cuestión moral, la respuesta debe ser profundamente política. Y esa tarea, en un tiempo de policrisis e incertidumbre, sitúa al sindicalismo ante una responsabilidad histórica: no solo defender derechos, sino ampliar los márgenes de lo posible.
