Hay una pregunta que hacemos casi siempre cuando se produce una crisis: ¿qué ha pasado? Después intentamos averiguar por qué. En Ceuta, ambas preguntas son necesarias. Pero antes quizá deberíamos plantearnos otra: ¿de qué crisis estamos hablando? Porque denominar “crisis migratoria” a lo ocurrido no es una descripción neutral. Es ya una forma de interpretarlo. Y, en este caso, puede ser también una manera de esconder la cabeza ante preguntas bastante más incómodas.
Hablar de inmigración, de flujos, de control fronterizo, de políticas de inclusión y de la necesidad de mejorar la gobernanza migratoria europea es imprescindible. Ayer y hoy. Y también mañana, cuando Ceuta ya no ocupe el foco de las noticias. Debemos hacerlo desde debates sosegados sobre cómo gestionar el fenómeno migratorio, pero también asumiendo que muchas de las discusiones actuales sobre inmigración esconden preguntas mucho más profundas sobre nuestro Estado democrático de derecho y nuestro Estado del bienestar.
Lo que sucedió en Ceuta fue, principalmente, una crisis geopolítica
Lo que sucedió en Ceuta fue, principalmente, una crisis geopolítica. Entre 70.000 y 80.000 personas atravesaron la frontera en apenas dos días. La inmensa mayoría regresó rápidamente a Marruecos y solo una fracción permaneció en Ceuta. Existe, por tanto, una dimensión migratoria de lo sucedido que es innegable. Como lo es también la grave crisis humanitaria que se ha generado. Las personas que permanecen en la ciudad deben ser atendidas adecuadamente, incluidas aquellas que puedan necesitar protección internacional, y las administraciones deben proporcionar a Ceuta los recursos necesarios para afrontar una situación excepcional, que garantice la tranquilidad y la seguridad de la población ceutí.
Reconocer ambas dimensiones es imprescindible. Convertirlas en la explicación principal de lo sucedido es otra cosa. En este sentido, cabe preguntarse no solo si la categoría de “crisis migratoria” permite explicar adecuadamente lo ocurrido, sino también qué sucede cuando seguimos interpretándolo exclusivamente desde esa perspectiva. Porque explicar un fenómeno mayor a partir de una de sus partes (por importante y dramática que esta sea) conduce a un diagnóstico incompleto. Y un diagnóstico equivocado conduce fácilmente a respuestas equivocadas.
Lo que vemos cuando solo miramos la inmigración
Si interpretamos Ceuta fundamentalmente como una crisis migratoria, muchas de las respuestas que hemos escuchado parecen casi intuitivas: Europa necesita fronteras más fuertes, más capacidad de retorno y, sobre todo, más cooperación de los países vecinos para impedir que las personas lleguen hasta ellas. Son respuestas aparentemente sencillas a una realidad que no lo es, y que con frecuencia obvian la complejidad de la gobernanza migratoria europea y las consecuencias de las políticas aplicadas durante las últimas décadas. El problema es que lo sucedido en Ceuta demuestra precisamente la vulnerabilidad de ese planteamiento.
Durante décadas, una parte sustancial de la política migratoria de la Unión Europea y de sus Estados miembros se ha centrado en gestionar básicamente una parte relativamente pequeña (eso conviene recordarlo) del fenómeno migratorio: los flujos irregulares, especialmente los que se producen por vía marítima. Este objetivo ha convertido la cooperación con terceros países en una pieza central de la política europea. Para impedir que estas llegadas alcancen territorio europeo, se necesita que otros Estados controlen las salidas, acepten devoluciones, cooperen en materia policial y gestionen los movimientos migratorios antes de que lleguen a las fronteras europeas.
Ese modelo puede presentarse como cooperación, pero también es una relación de dependencia. Y toda dependencia genera capacidad de negociación o de presión. Marruecos lo sabe. Turquía lo sabe. De otro modo, Bielorrusia también ha demostrado que lo sabe. Aquí aparece la paradoja de la externalización: cada episodio de presión migratoria lleva a reclamar más cooperación con terceros países, y esa cooperación incrementa a su vez la capacidad de esos mismos países para ejercer presión sobre la Unión Europea. La respuesta a la vulnerabilidad consiste, paradójicamente, en profundizar en una de sus causas.
Además, usar el marco migratorio tiene otra consecuencia. La inmigración lleva años siendo objeto de un proceso de securitización que la presenta como una amenaza para la seguridad, la identidad y el control territorial. Cuando decenas de miles de personas atraviesan una frontera europea, esas imágenes se interpretan casi automáticamente en clave migratoria, aunque no todo movimiento humano constituya un flujo migratorio. Y, una vez leído así, lo ocurrido encaja inmediatamente en un relato ya construido: invasión, descontrol, amenaza. En ese terreno, la extrema derecha juega con ventaja.
Lo hace, además, con un mecanismo discursivo tan eficaz como falso: convertir a la inmigración en explicación de problemas extraordinariamente complejos. Problemas vinculados al debilitamiento del Estado del bienestar, a la insuficiencia de las políticas públicas, a la precarización del mercado laboral, a las dificultades de acceso a la vivienda o al aumento de las desigualdades encuentran así un responsable mucho más sencillo y fácilmente identificable: la inmigración. Se desplaza de este modo la discusión sobre las causas, y sobre las decisiones políticas necesarias para afrontarlas, hacia la búsqueda de un culpable. Y no hacen falta respuestas complejas ni, de hecho, respuestas practicables, cuando se dispone de uno. La inmigración y el inmigrante se convierten en figuras abstractas sobre las que proyectar amenazas y responsabilidades. La deshumanización no es una consecuencia menor de este lenguaje: es lo que permite que determinadas respuestas que resultarían difícilmente aceptables aplicadas a la población en general.
Desde ese diagnóstico, pues, las respuestas se estrechan: más controles, más devoluciones, más restricciones a la movilidad y más externalización. El marco termina llevando el debate precisamente hacia las políticas que la extrema derecha europea lleva años reclamando. Y quizá ese sea uno de sus mayores éxitos: no necesita que todos compartan su ideología si consigue que el resto discuta el problema utilizando sus categorías.
Lo que aparece cuando cambiamos la pregunta
Mirar lo sucedido como una crisis geopolítica es bastante menos cómodo. Porque entonces las preguntas son otras. Una crisis geopolítica necesita explicaciones. Obliga a hablar de Marruecos, del Sáhara Occidental, de Estados Unidos e Israel, de relaciones diplomáticas, intereses económicos, alianzas regionales y autonomía estratégica europea.
La primera pregunta afecta a Marruecos. Rabat no es un actor marginal para la Unión Europea. La UE es su principal socio comercial y un inversor fundamental, y Marruecos es a su vez un socio estratégico europeo en materias que van desde el comercio hasta la seguridad y las migraciones. Precisamente por eso, lo sucedido obliga a preguntarse por la solidez real de esa relación. No es necesario establecer responsabilidades que todavía no puedan demostrarse para formular una pregunta política elemental: si un socio estratégico permite, por acción u omisión, que su territorio sea utilizado para ejercer una presión extraordinaria sobre una frontera exterior de la Unión, ¿existe algún coste político por ello? Y si no existe, ¿qué significa exactamente la palabra “socio”?
La segunda pregunta afecta a la propia Unión Europea. Ceuta no es únicamente una frontera española. Es una frontera exterior europea. Por eso, una presión extraordinaria sobre Ceuta debería haber planteado inmediatamente una cuestión de solidaridad entre Estados miembros. Sin embargo, una parte de la respuesta europea ha recorrido el camino contrario. Italia reintrodujo controles fronterizos con España y 22 dirigentes europeos reclamaron reforzar las fronteras exteriores mientras, de manera inédita, cuestionaban abiertamente determinadas políticas españolas, a las que atribuían, sin aportar evidencias que lo sustentaran, un supuesto “efecto llamada”. Una crisis en una frontera exterior terminó así generando nuevas fronteras (y fracturas) interiores. No es un detalle menor. Plantea una pregunta sobre el significado práctico de la solidaridad europea cuando uno de sus Estados miembros se encuentra sometido a una presión exterior.
Y existe una tercera cuestión, seguramente más incómoda, de carácter claramente geopolítico: el papel que están jugando actores que, hasta ahora, estaban considerados socios o aliados de la Unión. El caso de Estados Unidos es especialmente relevante. A diferencia de crisis anteriores entre España y Marruecos, esta vez Donald Trump está en la Casa Blanca y, desde el inicio de su segundo mandato, los desencuentros entre Washington y el Gobierno español se han multiplicado. Así, la crisis en la frontera entre España y Marruecos se producen ahora en un contexto distinto: ante las diferencias entre aliados, la Administración Trump parece mostrar una mayor receptividad hacia las posiciones marroquíes. El cuestionamiento del estatus de Ceuta y Melilla (en abril, una iniciativa legislativa en el Congreso estadounidense abrió explícitamente el debate sobre el «estatus futuro» de ambas ciudades y las situó geográficamente en territorio marroquí bajo administración española) refuerza esa percepción y añade una dimensión nueva a la presión que España (y la UE) recibe de Rabat: el hecho que las reivindicaciones marroquíes encuentren eco en Washington.
Israel añade otra pieza a este nuevo escenario. Sus relaciones estratégicas con Marruecos se han reforzado en los últimos años, mientras su enfrentamiento diplomático con el Gobierno español se ha intensificado a raíz de Gaza y de las posiciones españolas respecto al Gobierno de Netanyahu. En plena crisis de Ceuta, el embajador israelí ante Naciones Unidas cuestionó públicamente la presencia española en Ceuta y Melilla, calificándolas de “enclaves coloniales”, mientras en las redes se amplificaban mensajes sobre el supuesto colonialismo español. Así, la crisis ha ofrecido así a Israel una nueva oportunidad para cuestionar a un Gobierno español con el que mantiene un enfrentamiento diplomático abierto.
Este nuevo contexto obliga también a mirar con mayor atención la respuesta de los socios europeos. Estados Unidos sigue siendo el principal aliado estratégico y de seguridad de buena parte de ellos, y algunos gobiernos mantienen una relación especialmente estrecha con la Administración Trump. Por ello, resulta difícil ignorar que algunos Estados miembros se han mostrado más contundentes (y rápidos) a la hora de cuestionar las políticas españolas que de expresar su solidaridad con un Estado miembro sometido a presión en una frontera exterior de la Unión.
La cuestión es especialmente relevante porque plantea hasta qué punto las alianzas y dependencias externas de los Estados miembros pueden condicionar la solidaridad interna y la capacidad de la Unión para defender sus intereses comunes. Y cada episodio en el que esas lealtades pesan más que la solidaridad entre socios abre una nueva brecha en una Unión cuya cohesión interna ya muestra demasiadas señales de debilidad. La paradoja es difícil de obviar: ante las embestidas trumpistas, Canadá parece haber encontrado en la Unión Europea una solidaridad más clara que la recibida por uno de sus propios Estados miembros.
Todo ello permite visibilizar cómo actores con intereses distintos pueden obtener réditos de una misma situación sin necesidad de compartir objetivos ni estrategias. Y ahí aparece otra pregunta útil: si el marco migratorio desplaza estas cuestiones y evita afrontar las preguntas geopolíticas que plantea la crisis, ¿a quién beneficia que la Unión Europea interprete lo ocurrido exclusivamente como un problema migratorio?
Cuando el marco condiciona la respuesta
Interpretar lo sucedido fundamentalmente como una crisis migratoria no es inocuo. Porque el marco determina también las preguntas y las respuestas. Si el problema es “la inmigración”, la solución parece consistir en impedir que las personas lleguen. Si el problema es la instrumentalización de la movilidad humana, hay que preguntarse por las vulnerabilidades creadas por la externalización. Si un Estado miembro está sometido a presión en una frontera exterior, hay que hablar de solidaridad europea. Y si países que consideramos socios o aliados desarrollan estrategias que pueden entrar en conflicto con los intereses de la Unión, entonces las preguntas son otras: sobre autonomía estratégica, sobre alianzas y dependencias, sobre capacidad de respuesta y, en última instancia, sobre qué lugar ocupa (y quiere ocupar) la Unión Europea en el nuevo escenario geopolítico.
Centrarse en hablar de inmigración hace visible el enorme poder que la dependencia europea otorga a terceros países en materia de control fronterizo. Pero, paradójicamente, conduce a reclamar más de aquello que genera esa dependencia: más control en origen, más cooperación para impedir salidas, más capacidad de retorno y, en definitiva, más externalización.
También fortalece los discursos nativistas y de extrema derecha, porque ofrece imágenes extraordinariamente poderosas para confirmar un relato construido desde hace años: una Unión Europea amenazada desde fuera, unas fronteras fuera de control y unos Estados incapaces de protegerlas. Pero hay algo especialmente perverso en ese relato: la amenaza se construye alrededor de la persona migrante, mientras quedan fuera del foco actores internacionales con capacidad e interés en debilitar la cohesión, la autonomía y el propio proyecto europeo. Un proyecto que, por cierto, también cuestionan desde dentro buena parte de las fuerzas de extrema derecha que convierten la inmigración en su principal amenaza.
El marco migratorio beneficia así a quienes prefieren que Europa discuta sobre quién cruza sus fronteras antes que sobre quién tiene capacidad para condicionarlas; sobre inmigración antes que sobre qué papel quiere ocupar la Unión Europea en el mundo, con qué aliados puede realmente contar y qué está dispuesta a ceder para mantener esas alianzas.
Y las consecuencias importan. Para España, porque ha comprobado hasta qué punto su frontera y sus intereses pueden quedar sometidos a presiones que difícilmente pueden abordarse únicamente con los instrumentos de la política migratoria. Pero importan, sobre todo, para la Unión Europea, porque ponen en cuestión su credibilidad, evidencian la fragilidad de su solidaridad interna y exponen las contradicciones de una política fronteriza que pretende aumentar su seguridad incrementando simultáneamente su dependencia de terceros Estados.
También afectan a la posibilidad de construir una buena política migratoria europea. Cuando una cuestión geopolítica se interpreta fundamentalmente como una amenaza migratoria, el espacio para discutir sobre políticas eficaces, ordenadas y respetuosas con los derechos se reduce. Las respuestas se concentran en más restricciones, más controles, más retornos y más externalización. La excepción empieza a presentarse como una simple exigencia de seguridad y acaba ocupando el lugar de la política.
Y ahí aparece quizá la cuestión más preocupante: los derechos humanos y el respeto al derecho internacional. La securitización de la inmigración facilita la aceptación de medidas excepcionales porque sus efectos parecen recaer sobre “otros”. Su vulneración puede parecernos lejana precisamente porque hemos construido una frontera, no solo territorial sino también simbólica, entre ellos y nosotros.
Pero los derechos rara vez se erosionan todos a la vez. Se debilitan primero allí donde resulta políticamente más fácil hacerlo. Después, el lenguaje de la excepcionalidad se normaliza, las garantías empiezan a parecer prescindibles y aquello que debía ser temporal acaba incorporándose al funcionamiento ordinario de las instituciones. Creer que nada de esto nos afecta porque inicialmente afecta a «los otros» demuestra una peligrosa miopía sobre cómo se deterioran los sistemas democráticos.
Esta es, en el fondo, una de las grandes paradojas a las que se enfrentan hoy las democracias liberales europeas: hasta qué punto pueden limitar derechos, relativizar el derecho internacional y normalizar la excepcionalidad frente a las amenazas que perciben, precisamente en nombre de su propia defensa. El riesgo es que, a fuerza de proteger la democracia liberal renunciando a los principios que la sustentan, se acabe contribuyendo a su vaciado.
