La economía es un suceso de ciclos. Ya sean cortos según Kitchin, medios según Juglar o largos según Kondratieff, se suceden periodos de recuperación o creación, auge y depresión o destrucción, y vuelta a empezar, en bucles infinitos aunque nunca parecidos.
De igual manera, la transición ecológica y justa se enfrenta a sus peculiares ciclos históricos. Desde que surgió la conciencia ecologista en los años 1960-70, ha pasado de ser un outsider para minorías concienciadas a convertirse desde el Acuerdo climático de París del 2015 en el alfa y omega del mainstream socio-político. Sin embargo hoy, acosada sin piedad por los imperialismos renacientes, cuyos intereses se mimetizan con los del capitalismo fósil, se enfrenta a una potente fase depresiva. Libra una lucha existencial contra el “imperio fósil”, buscando aire para que la depresión no se convierta en destrucción.
Al revés, para que llegue pronto su recuperación, es fundamental (re)pensar y adaptar la visión estratégica de las fuerzas que luchan por la justicia social y ambiental. Para ello, en este artículo repasaremos primero lo ocurrido a partir del Acuerdo de París desde la hegemonización de la transición ecológica hasta su demonización por las corrientes reaccionarias y negacionistas. En base a este análisis de ciclos cortos-medios, pensaremos en las nuevas estrategias ecosociales para que la transición ecológica y justa pueda resistir al backlash ecológico y consolidarse en este nuevo (des)orden mundial. Más concretamente, ¿qué hilos directores, prioridades socio-políticas y alianzas tendría que adoptar la transición ecológica y justa para iniciar cuanto antes un nuevo ciclo virtuoso, sinónimo de sostenibilidad y prosperidad? Dicho de otra manera, ¿cómo puede la transición ecológica derrotar al imperio fósil?
Érase una vez la hegemonía cultural climática
2015 no es una fecha cualquiera en nuestra historia reciente. El 12 de diciembre de dicho año, se aprueba por unanimidad en la COP21 el Acuerdo climático de París. Si bien imperfecto en muchos aspectos, pero grabando en el mármol de un Tratado internacional la meta de 1.5ºC de calentamiento global que no debería superar la Humanidad, este Acuerdo marca un antes y un después en la acción climática. Impulsado por una amplia coalición de países alineados (islas del Pacífico, UE, Estados Unidos de Obama, etc.), de un Vaticano carburando al Laudato Sí del Papa Francisco y de una sociedad civil con deseo de pasar página de la fracasada cumbre de COP15 en Copenhague, representa el inicio de un nuevo ciclo donde el clima ya no es una coordenada subalterna y secundaria sino el centro de atención mediático, una prioridad política y social, y el nuevo motor de una economía emergente en torno a la transición ecológica y las renovables. Dicho de otra manera, marca el inicio de un periodo con una profunda capacidad de transformación estructural y de los imaginarios colectivos bajo el dominio de la idea climática en la opinión pública, las instituciones y el mundo empresarial: la hegemonía cultural climática.
Tras años de depresión y austeridad social y económica, este cambio hegemónico impacta de forma intensa en varios frentes. Por un lado, las calles juegan un papel clave en la dinámica cultural y social internacional a favor del clima gracias a una presencia, tanto cuantitativa como cualitativa, de la juventud por el clima. Detrás de Greta Thunberg, figura central del movimiento, casi mesiánica y fuente de inspiración mundial para toda una generación, supone una visibilización sin precedentes de la causa climática en los medios y los debates a pie de calle, situando el clima como un asunto existencial –para la juventud y cualquier colectivo o nación que sufre directamente sus impactos– y de máxima prioridad socio-política. Mientras centenares de miles de personas llenan las calles de Berlín, Bruselas, Melbourne, Nueva York, Vancouver y también Madrid, con una manifestación multitudinaria el 6 de diciembre del 2019, la idea climática percola por los meandros de la conciencia colectiva española, europea y global.
En un bucle retroactivo constante e inscribiéndose en el camino abierto por París, este caldo de cultivo socio-climático tiene a su vez una fuerte repercusión en lo político e institucional. El 5 de diciembre de 2016 la ciudad de Darebin en Australia se convierte en la primera ciudad del mundo en declarar el “estado de emergencia climática”; el 1 de mayo de 2019 el Parlamento del Reino Unido es el primer parlamento nacional en hacerlo, mientras que España se suma oficialmente tras acuerdo de su Consejo de Ministros el 21 de enero del 2020. A día de hoy casi 2400 jurisdicciones en 40 países, cubriendo una población de hasta mil millones de ciudadanos, han declarado una emergencia climática, convirtiendo, en los años posteriores a 2015, el clima en una de las mayores prioridades políticas. Con total lógica, esta visibilización social e institucional tiene también su corolario en las urnas. En las elecciones europeas del 2019, cabalgando y promoviendo al mismo tiempo la ola climática, los partidos verdes consiguen un resultado histórico con más de 80 eurodiputados/as, transformando su agenda ecosocial en fuerza motriz del Parlamento Europeo.
Como si de un juego de dominó se tratara, esto desencadena a su vez otra consecuencia virtuosa. Bajo la presión combinada de las calles y de las urnas, y a pesar de que no formaba parte siquiera de las prioridades electorales del Partido Popular Europeo en aquel momento, la Comisión Europea recién designada bajo la primera presidencia de la conservadora Von der Leyen, pone encima de la mesa su principal respuesta: el Green New Deal o Pacto Verde Europeo. El debate ya no gira en torno a la necesidad o no de tener una política climática sino al grado de ambición de ésta. Si bien por debajo de lo que pedían el movimiento ecologista y la ciencia pero muy por delante del resto de bloques geopolíticos, la UE se erige en líder climático, comprometiéndose a reducir sus emisiones en al menos un 50% para 2030, al tiempo que convierte en legalmente vinculante el objetivo de neutralidad de carbono para 2050.
Si fuera poco, todas las políticas europeas, ya sean energéticas, industriales o agrícolas, tienen además que integrar o combinarse, al menos en el espíritu, con las preocupaciones climáticas. En este ambiente propicio a la ecología, la economía siente el soplo de la transición energética y de la sostenibilidad, piedra angular de los negocios post-París. Fin de la extracción de carbón en España y eliminación gradual en toda Europa, instalación acelerada de energías renovables, auge del coche eléctrico, descarbonización de la industria o reverdecimiento de la agricultura, la economía y el empleo verde viven su edad de oro, mientras que la transición justa se abre paso. París, la juventud por el clima y el electorado han hecho mella, la hegemonía cultural climática está en su cénit.
Pero cualquier edad de oro tiene un fin y cualquier cénit, un declive. El primer golpe viene de la COVID. La crisis sanitaria, junto con sus confinamientos, para en seco a la “generación clima”: desde 2020 no ha vuelto a haber una manifestación pro-clima multitudinaria. A pesar de quitarle a uno de sus más potentes brazos sociales, no para al Pacto Verde Europeo como recién estrenada brújula europea. Es más, gracias al capital social y político acumulado durante los años previos, y a pesar de las incipientes oposiciones de las derechas radicales en Hungría, Polonia o de la presidencia anti-climática de Trump 1.0, la transición ecológica se consolida como uno de los pilares de los Fondos de Recuperación NextGen. De los 275.000 millones de euros en inversiones de capital, se aprueba dedicar el 42% de los fondos a la acción climática, un verdadero maná para la gran transformación de un sistema fósil a otro renovable.
Pero apenas superado este primer golpe, viene el segundo en 2022. Rusia invade Ucrania, no solo poniendo en evidencia el hambre imperialista de Putin y la dependencia europea del gas fósil ruso, sino engendrando también una inflación de los precios de la energía y el coste de la vida, creando a su vez un creciente malestar social. Las corrientes reaccionarias y negacionistas huelen sangre. El Pacto Verde Europeo sigue vivo pero por las heridas de la crisis sanitaria y ucraniana se cuela el relato anti-clima y contra la transición ecológica, que se erige en un eje básico de la reacción fósil.
El imperio fósil contraataca
Ya sea a nivel político, cultural o económico, hemos entrado en un nuevo ciclo, el del backlash ecológico, es decir de los retrocesos en materia ambiental. Es la era de la cruzada y del ataque permanente contra la transición ecológica y justa, mientras se intenta reforzar por todos los medios el imperio de las energías sucias y su entramado político. Dicho de otra manera, el capitalismo fósil, en colaboración con la internacional reaccionaria y negacionista, ha declarado la guerra, casi santa, contra la ecología bajo todas sus formas.
Mientras que las personas defensoras del medioambiente son tachadas de “terroristas” o “fanáticos climáticos” y el cambio climático no es ni más ni menos, según Trump, que “una estafa” o un “timo”, las políticas verdes están en la diana constante de las organizaciones climato-escépticas y de extrema derecha. Junto con la inmigración, estos convierten al Green New Deal en su enemigo a derrotar en España y Bruselas; pintan, en contra de toda evidencia, a las políticas ambientales como las responsables de las más de 200 muertes de la dana del 2025 en Valencia y atacan un día sí y otro también a las renovables, bien durante el apagón del 2025 en la península ibérica, bien alimentando el rechazo territorial a las energías eólicas y solares.
En este contexto de bulos y ofensiva continuos, donde la extrema derecha provoca y la derecha recoge los frutos (y parte de la izquierda flirtea con el retardismo), los retrocesos ecológicos son legiones en las instituciones. Por ejemplo, en Europa, donde el cordón sanitario entre conservadores y neo-fascistas es cada vez más fino desde las elecciones europeas del 2024, se han rebajado los compromisos ambientales en la Política Agrícola Común, los requisitos de sostenibilidad ambiental para las grandes empresas, la ambición para terminar con los motores de coche fósiles, mientras que la desregulación ambiental, que permite más productos dañinos para la naturaleza y la salud pero económicamente competitivos y buenos para el bolso de las grandes multinacionales, tiene el viento en popa. Si fuera poco, en un movimiento orwelliano, el Gobierno de Estados Unidos, tras retirarse de nuevo del Acuerdo de París y de cualquier institución política o científica internacional que luche a favor de la acción climática, hasta prohibe los términos “cambio climático” y “emisiones” en agencias federales y documentos oficiales nacionales, incluyendo la revisión de programas educativos. Más allá de la política, la batalla cultural es total.
Tras años de hegemonía climática, la reacción ha sido y sigue siendo inversamente proporcional a los avances de la transición ecológica en los últimos años. De hecho, al igual que la restauración monárquica fue una respuesta de restablecimiento de los intereses de la nobleza ante las ideas revolucionarias y republicanas en el siglo XIX, el backlash ecológico está siendo un intento de restauración fósil ante la revolución de las renovables del siglo XXI. Esto es una señal inequívoca de que la transición ecológica y justa ha tocado donde duele. Para el capitalismo fósil, la transición ecológica era tolerable mientras era algo sectorial y socio-económicamente marginal. Pero hoy se ha convertido en un obstáculo de primer orden para sus negocios que, recordemos, pesan en la actualidad 97 billones de dólares, casi tanto como el Producto Interior Bruto mundial. Y de forma totalmente interrelacionada, representa también una amenaza contra parte de las élites y población mundial cuyos modo de vida y valores, basados en la energía fósil y la fantasía del crecimiento ilimitado de la producción y del consumo, siguen siendo no negociables.
En este sentido, la Estrategia Nacional de Seguridad de Estados Unidos (ESN, noviembre del 2025) es, además de sibilina, paradigmática de cara a este intento de vuelta al orden mundial fósil. Además de volver a doctrinas ideológicas y geopolíticas imperialistas basadas en el poder duro y zonas de influencias, el autoritarismo y el supremacismo occidental, no anda con rodeos ni usa eufemismos. En contra de “las desastrosas ideologías del «cambio climático» y del «cero neto»”, su objetivo es “restaurar el dominio energético estadounidense (en petróleo, gas, carbón y energía nuclear)” y “ampliar el acceso de Estados Unidos a minerales y materiales críticos”. En este contexto, la operación militar a principios de 2026 en Venezuela, siendo el eslabón más débil del continente por la debilidad orgánica y la falta de legitimidad social e internacional del régimen chavista, ha sido el primer ensayo de control ideológico y de los recursos naturales por parte de EEUU en su hemisferio de influencia. Envalentonado por el aparente éxito de esta estrategia, el imperialismo trumpista ha pisado el acelerador, intentando someter también al régimen iraní, quien, de paso, controla el Estrecho de Ormuz donde transita el 20% del petróleo y gas del mundo.
Pero este proceso de neo-colonización política, territorial y energética no se circunscribe únicamente a los enemigos históricos de EEUU. Europa está también en el menú del avasallamiento. Mientras la ESN reza que el “objetivo [de EEUU] debe ser ayudar a Europa a corregir su trayectoria actual” a través de los “partidos patrióticos”, hoy verdaderos caballos de Troya en la UE de este neo-imperialismo, asistimos en directo y sin tapujos a una injerencia externa en los asuntos internos europeos. En la visión ideológica de la internacional reaccionaria, y más allá del amago de controlar Groenlandia, el proyecto de la Unión Europea sobra. A pesar de las contradicciones y dobles varas de medir en conflictos internacionales por parte de la UE, a la derecha reaccionaria le sobran sus valores fundacionales basados en el derecho internacional, el multilateralismo, la cooperación y la solidaridad continental. Y, mimetizando sus intereses con los del capital fósil, les sobra su apuesta por la transición energética.
Ciertamente, dicha transición energética choca con el imperialismo fósil. Más allá de poner en duda los beneficios gigantescos del sector energético fósil, también rebate las cartas geopolíticas. Mientras EEUU, Rusia o los países del Golfo asientan gran parte de su poder en base a su liderazgo como primeros productores mundiales de crudo, la UE, pero sobre todo China, la nueva gran potencia del capitalismo verde, han acelerado el paso hacia las renovables. En esta “nueva guerra fría ecológica”, la encrucijada y el choque se hace cada vez más acuciante entre los viejos petro-estados que no quieren morir y los aspirantes a electro-estados que no acaban de nacer.
En este sentido, quien apuesta por la transición energética apuesta de facto por reducir su dependencia del capitalismo fósil, sea empresarial o de estado, y por reforzar su soberanía en todas sus dimensiones ante el imperialismo, sea trumpista o putinista. Por tanto en el caso de la UE, además de todas las razones éticas y climáticas heredadas del Acuerdo de París y tan de actualidad hoy como ayer, la transición ecológica tiene capacidad de erigirse también en el imaginario político y colectivo como una potente herramienta de soberanía frente al vasallaje fósil, sea ayer del gas ruso u hoy del gas estadounidense, así como del crudo árabe. Convertir a la UE en un electro-continente y sus Estados Miembros en electro-estados es una de las claves centrales de la geopolítica mundial de los próximos años.
Estrategias ecosociales ante el nuevo (des)orden mundial
En este contexto, y de cara a los próximos años, asistimos por tanto a un cambio profundo en la lógica subyacente a la transición ecológica y justa. A partir del Acuerdo de París, ésta era el brazo ejecutivo de la «hegemonía cultural climática», impulsada sobre todo por motivos éticos y solidarios de cuidado del planeta, de las generaciones futuras o de las islas del pacífico. Sin embargo, a día de hoy la transición energética se hace principalmente en Europa por motivos geopolíticos de soberanía nacional y continental. A través de la electrificación de todo en todas partes, lo cual podríamos denominar la «hegemonía eléctrica», todavía naciente, la transición energética se resignifica en un marco de “independencia vs. imperio”. Sin renunciar a los avances de la década anterior, este nuevo panorama obliga a todos los actores a repensar su visión, estrategias y alianzas.
Para ello, primero, es importante no caer en una trampa. Por mucho que la acción climática ya no sea un objetivo en sí sino una consecuencia indirecta y posible de la búsqueda de soberanía, esto no quita un ápice a la urgencia climática. Ésta sigue tan o más de actualidad ante el grave y continuo calentamiento del planeta, que crea cada vez más estragos sociales, económicos, laborales y ambientales. Quitarle hierro, priorizar la competitividad ante la sostenibilidad, desregulando y desmantelando el Pacto Verde Europeo ante las presiones de ciertos sectores económicos, o tratar las cuestiones de soberanía y de clima de forma no transversal y complementaria serían profundos errores y goles en propia puerta. Hoy la transición energética es doblemente urgente. A la urgencia climática se añade la urgencia de construir soberanía a través de la transición ecológica; la segunda no sustituye a la primera, siendo ambas dimensiones tan relevantes la una como la otra y dos caras de la misma moneda. Cualquier retroceso en política climática será pan para hoy de cara a la competitividad y hambre para mañana de cara a la soberanía y la resiliencia.
Por otro lado, puesto que nos enfrentamos a urgencias climáticas y geopolíticas, lo cual significa que los tiempos apremian, hay una necesidad de actuar en Europa, y por tanto en España, a favor de la transición energética de forma rápida, masiva y a gran escala. Si bien sigue siendo importante y nada descartable, ya no es momento de limitarse a los laboratorios de idea y al small is beautiful de los años 1970. A contracorriente de la ola negacionista, y aún más cuando las guerras, ya sea en Ucrania o Irán, calientan el precio de la energía fósil de la que todavía tanto dependemos, la transición requiere de más impulso político, industrial y social, a través de grandes inversiones públicas y privadas, para reducir de forma prioritaria, significativa y estructural la demanda energética y, dentro de este marco de suficiencia, llevar a cabo proyectos capaces en poco tiempo de transformar un consumo de masas hoy todavía mayoritariamente fósil en otro principalmente renovable y eficiente. Como sugiere Gorka Laurnaga, “si el cambio climático [y, añado, la geopolítica] es un macro-problema, no se puede resolver con microrespuestas”.
Para ello, es fundamental superar las contradicciones de la transición energética a nivel territorial donde alianzas de facto y sui géneris entre romanticismo paisajístico y agrícola, nimby, colapsismo y negacionismo climático obstaculizan proyectos de renovables necesarios para estos nuevos tiempos. Sin ninguna complacencia para multinacionales sin escrúpulos o la corrupción a nivel local, siempre protegiendo las salvaguardias participativas y ambientales necesarias en cualquier proyecto y apostando por el retorno socio-económico y laboral para las comunidades impactadas para que no haya tierras de sacrificio y la transición sea justa, es posible acelerar la transición energética. Aunque es bueno intentar que lo sea a nivel estético y cultural, lo grande y masivo no es necesariamente bello pero puede ser salvador ante los grandes retos climáticos y geopolíticos actuales y de las próximas décadas.
Ahora bien, para que haya transición energética se necesitan también materias primas fundamentales. Que hablemos de litio, cobalto o las llamadas “tierras raras”, todas estas materias se usan para baterías, eólicas, paneles solares o bombas de calor y son por tanto imprescindibles a la electrificación y descarbonización del continente y de España. Sin embargo, según el Tribunal de Cuentas de la UE (2026), 10 de 26 materias primas fundamentales se importan íntegramente desde fuera de la UE y ninguna de las tierras raras utilizadas en la UE se procesan internamente. Dicho de otra manera, la UE es altamente dependiente de países terceros, empezando por China, para el acceso o la transformación de materias críticas fundamentales para su transición energética. Y sin recursos estratégicos directamente explotados y controlados a lo largo de toda la cadena de valor por la UE, la autonomía estratégica es un eslogan vacío y la transición energética como vector de soberanía una quimera.
Por tanto, además de una reorientación estructural y a largo plazo de la producción y consumo en términos post-crecentistas, así como una apuesta industrial decidida por el reciclaje de materias primas, esto supone también una cierta e inevitable relocalización de la extracción en territorio europeo. Siendo honestos, y también solidarios desde una visión Norte Global-Sur Global, no podemos pretender mantener altos niveles de bienestar y servicios públicos, y activar una transición ecológica exitosa sin relocalizar cerca de casa parte de los impactos negativos de nuestro modo de vida, hoy externalizados a países con menos protección social, laboral y ambiental. Siempre y cuando se haga con reglas democráticas, estrictos límites y condicionalidades sociales, climáticas, de protección de la biodiversidad y laborales, así como beneficios para las poblaciones locales implicadas, no habrá soberanía sin un mínimo de extracción en suelo europeo.
Al mismo tiempo, la soberanía nunca es absoluta. Por mucho que la globalización pase por turbulencias fuertes, existen y existirán en las próximas décadas todavía muchas interdependencias económicas, sociales y ecológicas en un mundo altamente interconectado. Para evitar caer en un vasallaje energético bajo la tutela colonial estadounidense, rusa o árabe, Europa debe apostar por diversificar aún más sus alianzas estratégicas. Ante la vuelta de hemisferios de influencia por parte de grandes potencias, la diversificación debería pasar por la defensa a ultranza del multilateralismo y la capacidad de sellar con diferentes países acuerdos de diferentes índoles, con un lugar central para la energía y las materias primas, con el fin de suplir lo que no se produce y se no puede reciclar en casa, sin nunca depender de unas pocas fuentes en exceso. Que el gas ruso o la poca fiabilidad política de Estados Unidos sirvan de lección. Eso sí, con una condición: que los acuerdos bilaterales se construyan bajo el paraguas del Acuerdo de París y el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, de la Organización Internacional del Trabajo y de la Agenda 2030, y claras cláusulas espejo en materia laboral y ambiental.
Más allá, es necesaria una profunda reflexión en torno a nuestra compleja relación con China. Por un lado, el gigante asiático, quién controla gran parte de las tierras raras necesarias para las energías renovables, se ha convertido en un motor de la transición verde y de la electrificación a marcha forzada de su economía e industria hacia convertirse, potencialmente, en un electro-Estado. Es, por tanto, un actor central de la transición ecológica y un socio imprescindible de cara a contrarrestar el imperio fósil. Guste o no, en las cumbres climáticas y más allá, la coalición mundial por el clima pasa por China. Al mismo tiempo, además de ser un Estado profundamente autoritario y represivo, China es también un competidor feroz con la capacidad de hundir grandes partes de la transición ecológica europea al inundar los mercados de su sobreproducción, ya sean hace una década con los paneles solares y ahora con los coches o baterías eléctricas. In fine, con China se trata de buscar un equilibrio dinámico entre una firme defensa de la soberanía económica europea, de su transición ecológica “Made in Europe” y de los valores democráticos, mientras al mismo tiempo se abren y refuerzan canales de colaboración geopolítica y comercial para el sostén y el empuje de la lucha climática a nivel mundial.
Pero la cuestión de las alianzas no solo se plantea a nivel internacional sino también a nivel doméstico. Al considerar la transición ecológica ya no solo como un asunto ético-climático sino también como un asunto de orden geopolítico y de soberanía, esto invita a ampliar las posibles alianzas para alcanzarla. A los usual suspects progresistas y ecologistas, en sus diferentes formatos (partidos, sindicatos, asociaciones, ONG, empresas, etc.), se suman corrientes liberales, con un fuerte ideario pro-europeo y de soberanía supraestatal, como otras conservadoras y/o (sinceramente) patrióticas, con un fuerte acento estatal y muy celosos de la defensa de su patria. De hecho, la perspectiva de colonización e injerencia externa representa una seria brecha ideológica para algunas corrientes nacional-negacionistas europeas, hasta convertir su cosmovisión, según Emilio Santiago, en un “patriotismo confuso”. Al oponerse con vehemencia al Green New Deal y, de facto, defender política y económicamente al imperio fósil, cava en su interior una profunda contradicción: difícilmente puede uno defender su patria si al mismo tiempo la vende a potencias y fondos extranjeros y se convierten en meros vasallos suyos. Mientras ponemos con claridad el dedo en la llaga nacional-negacionista, toca reforzar alianzas clásicas –en torno al eje ético-climático– y añadir otras más incómodas –en torno al eje soberanía energética.
No son tiempos para quedarse ensimismados. Más allá de defender lo alcanzado en la última década, son tiempos de adaptación al nuevo contexto y reubicación estratégica para retomar la iniciativa. Para mayor sostenibilidad y soberanía, la transición ecológica y justa puede y debe ganar la batalla cultural y política al imperio fósil.